EDITORIAL

Asistencia psiquiátrica en los Centros Penitenciarios españoles: Otra asignatura pendiente

El ingreso en prisión de enfermos mentales que han cometido algún delito que se encuentra en relación directa con la enfermedad que padecen, lo que Marco Rive denomina "delito-síntoma", es un hecho. Si bien, la administración de justicia tiene previsto que estas personas no imputables o semimputables, ingresen en un psiquiátrico penitenciario.

El art. 11 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, indica que "Los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán los siguientes tipos:

a) Centros hospitalarios.

b) Centros psiquiátricos.

c) Centros de rehabilitación social, para la ejecución de medidas penales, de conformidad con la legislación vigente en esta materia".

El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de febrero, en su art. 183 señala que: "Los establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias son aquellos centros especiales destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los tribunales correspondientes". Este reglamento introduce importantes novedades, con el propósito de facilitar la rehabilitación de los enfermos a través del arraigo en su entorno familiar y social que recoge el art. 191.2 del Reglamento Penitenciario (R.P.). Se describen en esta nueva norma reglamentaria dos tipos de centros: los Psiquiátricos Penitenciarios de carácter hospitalario y las Unidades Psiquiátricas que pueden ubicarse en centros penitenciarios ordinarios. Unos y otros se consideran centros especiales destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los tribunales correspondientes (art. 183 del R.P.).

La Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal en su art. 20 señala que: "Están exentos de responsabilidad criminal: 1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la licitud del hecho...".

Y en relación con estos supuestos, el art. 101.1 indica que: "Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal... se le podrá aplicar si fuese necesaria, la medida de internamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie,...".

Aunque la ley se está refiriendo a establecimientos de tipo psiquiátrico, no indica si estos deben ser penitenciarios o no, o si deben ser de titularidad pública o privada. En el caso de alcohólicos o toxicómanos el Código Penal señala en su art. 102 que irán a un centro público o privado debidamente acreditado y homologado. Este aspecto parece que plantea una clara desigualdad con respecto al resto de los enfermos mentales, que irán previsiblemente a un centro público.

La cruda realidad nos indica que los dos únicos establecimientos existentes en Alicante y Sevilla con una capacidad de hasta 300 y 120 pacientes respectivamente, resultan insuficientes para las necesidades de todo el país y muchos de estos sujetos acaban ingresados en prisiones ordinarias, dado que no se han dotado de las Unidades Psiquiátricas a que hace referencia el nuevo Reglamento Penitenciario.

Por otra parte algunas personas, durante su ingreso en prisión, son diagnosticadas de alguna patología psiquiátrica, de igual forma que pueden llegar a padecer enfermedades infecciosas, digestivas o dermatológicas.

Unas veces es el propio proceso de prisionización el que contribuye a desencadenar la enfermedad mental, en otras ocasiones se debe a un deterioro simultáneo con el consumo de sustancias de abuso o bien se trata de complicaciones del proceso evolutivo de alguna afección orgánica.

Podemos señalar cómo el 30% de una muestra representativa de 121 internos que ingresaron en la prisión de Oviedo en 1989, referían antecedentes de patología psiquiátrica. En el año 1999 se atendieron en las prisiones españolas, exceptuando Cataluña, 14.408 consultas de psiquiatría y se realizaron 85 ingresos de internos en hospitales psiquiátricos públicos.

La asistencia de estos pacientes, en teoría descansa en psiquiatras pertenecientes al cuerpo técnico de Instituciones Penitenciarias. Actualmente, por diversos motivos, este grupo de especialistas funcionarios es más bien escaso; encontrándose en ejercicio 2 en el Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, 3 en el Psiquiátrico de Sevilla y 2 que pasan consulta en establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las necesidades de este tipo de profesionales en el resto de prisiones del país, se cubren a través de una empresa de servicios o por psiquiatras de los centros de salud mental comunitarios en las Comunidades de Andalucía, País Vasco y Navarra. En cualquier caso el psiquiatra acude una vez cada 7 o 15 días para atender en consulta pacientes que son derivados por los médicos del centro penitenciario. Todo ello, hace que en la práctica la asistencia real de estas patologías recaiga sobre médicos generales, más aún, cuando esa asistencia por parte del psiquiatra queda desierta durante temporadas de 4 o 6 meses en algunas prisiones. Se hace imprescindible, por tanto, una formación continuada en psiquiatría para el personal médico y de enfermería de nuestras prisiones, tanto desde la propia institución como aprovechando los recursos formativos que en esta materia lleguen desde instituciones como la universidad, colegios profesionales o comunidades autónomas.

Si bien en los últimos años se han producido avances en lo asistencial, continúan siendo importantes las deficiencias. Podemos destacar la posibilidad de llevar a cabo un control de las tomas de los tratamientos farmacológicos. Aunque se hecha de menos, la posibilidad de llegar a ofertar tratamiento psicológico tanto individual como de grupo si los psicólogos estuvieran adscritos al personal sanitario como ocurre en el Sistema Nacional de Salud, mientras que los psicólogos penitenciarios están adscritos al Cuerpo Técnico, el cual desempeña tareas de clasificación y control de cumplimiento de condenas.

Algunos países, como Suiza, disponen de una red psiquiátrica muy especializada dependiente de sus instituciones penitenciarias. En otros por el contrario, como ocurre en Finlandia, la asistencia psiquiátrica a sus cárceles se presta desde su Servicio Nacional de Salud. Algo similar sucede en Inglaterra, existiendo unos hospitales psiquiátricos específicos para presos y a otros pacientes peligrosos y que dependen del Ministerio de Sanidad. Además, en este mismo país existen las denominadas unidades regionales de salud en las que se atienden a pacientes psiquiátricos penitenciarios que precisan de estancias cortas. Asimismo, en EEUU los hospitales psiquiátricos estatales asumen la asistencia psiquiátrica de los enfermos mentales que han cometido delitos.

La asistencia sanitaria desde el Sistema Nacional de Salud en España, ofrecería una serie de ventajas: En primer lugar, porque de esta forma se va a evitar la duplicación de una red asistencial psiquiátrica que encarece el sistema. Además, el hecho de que estos profesionales no dependan de la institución penitenciaria, va a ofrecer una mayor fiabilidad desde los estamentos extrapenitenciarios. Sin olvidar que los mismos psiquiatras que atienden a estos pacientes en libertad desde la red de Salud Mental, van a seguir haciéndolo durante su ingreso en prisión, lo que da una continuidad en el seguimiento de las patologías y en el sistema de cuidados.

Parece cada vez más necesario desarrollar y mejorar la calidad de la asistencia psiquiátrica de nuestros reclusos. Para ello, esta asistencia debería recaer básicamente sobre el Sistema Nacional de Salud dado que así lo recoge la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

En el art. 44.1 asevera: "Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud". Además en la disposición final tercera, insta al Gobierno a que mediante Real Decreto disponga la participación de la Sanidad Penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud.

Por lo que a la salud mental se refiere, queda recogida en su capítulo III, y así en su art. 20 se refleja: "Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios...". Con la firme convicción de que esta solicitudrecuerdo de obligaciones, basada en compromisos y en la legislación vigente, podrá sensibilizar a los gestores de la salud y la libertad de nuestros pacientes, agradecemos al Consejo Editorial de la revista la magnifica oportunidad que nos ha brindado.

Prof. Julio Bobes García.
Catedrático de Psiquiatría y Jefe de Servicio
de Psiquiatría. Universidad de Oviedo.

Andrés Martínez Cordero.
Doctor en Medicina.
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.